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Corte, derechos y minería | El Comercio

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Hace unos pocos días, en esta columna, critiqué a uno de los jueces de la Corte Constitucional que, en un voto salvado, sostenía que el derecho no son solo las normas jurídicas y, desfigurando la teoría a la que criticaba, defendía una suerte de activismo judicial por lo que creería justo, sin encontrar límite en norma alguna. A los pocos días un lector me escribió para criticarme por lo que consideraba un cambio de postura: antes había justificado a la Corte Constitucional, y su desconocimiento de textos normativos expresos, al aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo.

Me quedó claro que mi crítico no entendió que la Corte no impuso sus consideraciones morales sobre el matrimonio, sino que reconoció que las opiniones consultivas, por ser interpretaciones autorizadas de la Convención Americana, eran parte de las obligaciones estatales; su decisión se basó en una fuente del derecho, no en lo que la mayoría estimaba como bueno.

Debo reconocer que algunas decisiones de la Corte Constitucional pueden no gustarme, pero durante el tiempo que lleva en funciones no es posible acusarla de actuar por encargo del poder de turno o para favorecer a un sector determinado.

Ha tomado decisiones relevantes en algunos temas, poniendo freno a interpretaciones o prácticas abusivas que las anteriores cortes permitieron, ni se ha convertido en simple sancionadora de las propuestas del Ejecutivo; fortaleció la independencia judicial, dejando en claro que un órgano administrativo no podía revisar el contenido de las decisiones judiciales; terminó con la absurda idea de que el Estado tenía derechos, favoreció la libertad de expresión, limitó con sus decisiones prácticas abusivas y excesos estatales. En fin, podría seguir enumerando la abundante jurisprudencia que se ha dictado, pero debe decirse que lo más importante es que ha asumido el rol de garante de la Constitución y no de guardián del gobierno, protector de sectores con capacidad de movilización o instrumento de abuso de los particulares con poder. Con la decisión de dar paso a la consulta popular sobre la posible prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en zonas de recarga hídrica, ha dejado en claro que se puede tomar decisiones conciliando intereses en juego, que no todo es un blanco o negro. Ya era hora que tener una Corte que no esté bajo sospecha de corrupción o de control político; a muchos esto no les gusta, en especial a los que la usaban para sus proyectos políticos o personales o que usaban su capacidad de influencia para obtener decisiones favorables.

La Corte tiene muchas amenazas, una de las más graves viene de su interior; debe cuidarse de no caer en el activismo judicial (en el sentido negativo de este termino), porque los jueces tienen la responsabilidad de defender a una sociedad plural, en la que el derecho debe servir para conciliar nuestras diferencias y no para imponer puntos de vista.